En un contexto de precios internacionales bajos para los commodities, el Gobierno Nacional decidió reinstaurar el esquema de derechos de exportación para la soja, sus derivados y el maíz, vigente hasta diciembre de 2024. La medida, que ya genera polémica, fue calificada como “poco acertada” por Heraldo Moyetta, presidente de la Rural de Río Cuarto, quien alertó sobre sus consecuencias negativas para los productores, especialmente aquellos alejados de los puertos y con menor productividad.

Moyetta no dudó en señalar que las retenciones son “un impuesto distorsivo”, incluso recordando que el propio presidente de la Nación las reconoce como tales. “Mientras no se modifique la matriz tributaria, las retenciones seguirán siendo una herramienta clave para el equilibrio fiscal, pero eso pone en riesgo la rentabilidad del productor y atenta contra la continuidad del sector”, afirmó.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Córdoba, con este nuevo esquema, los productores de soja podrían perder entre 50 y 110 dólares por tonelada, dependiendo de su ubicación y escala. En el caso del maíz, las pérdidas alcanzarían los 30 dólares por tonelada, lo que agravaría los ya ajustados márgenes de rentabilidad.

El dirigente también criticó la histórica intervención del mercado a través de las retenciones, señalando que siempre han perjudicado a los productores. “Toda intervención del mercado, desde la creación misma de las retenciones, ha perjudicado históricamente a los productores”, remarcó. Moyetta insistió en la necesidad de avanzar hacia una reforma tributaria integral que elimine gradualmente estos impuestos y fomente un sistema más equitativo.

“Se necesita una salida con más productores y más producción, no con más impuestos. La presión fiscal en Argentina es muy alta, lo que nos hace poco competitivos y genera preocupación ante las importaciones”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la Rural de Río Cuarto valoró que algunos gobernadores hayan comenzado a cuestionar públicamente las retenciones, al considerar que desvían recursos de sus provincias. “Ojalá se hubiesen manifestado desde el primer momento, porque esta transferencia de recursos históricamente ha perjudicado a las economías regionales”, expresó.

Desde la entidad insisten en que la solución definitiva solo llegará con un sistema tributario consensuado en el Congreso, que promueva la producción formal, la competitividad y combata la economía informal.